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Balance primario positivo y con superávit diciembre 4, 2018 5 min.

La definición del gasto público muestra las líneas generales más importantes de la administración pública y, en consecuencia, lo que vendrá para México, sus ciudadanos y empresarios. Por esta razón, el pasado 12 de noviembre, Alto Nivel y Políticas Públicas, empresa de información y análisis sobre las políticas públicas en México, organizamos la conferencia Presupuesto 2019, para conocer de qué manera la nueva administración federal organizará el gasto público, a partir de los planteamientos y metas de lo que será el gobierno de la denominada “cuarta transformación”. Los ponentes fueron el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y encargado de discutir el reordenamiento del gasto federal para hacer cumplir las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador; y el doctor Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey.

Durante su participación, el diputado Ramírez Cuéllar dijo que gasto eficiente, reducción de percepciones de funcionarios públicos y ajuste en la estructura administrativa del gobierno serán los ejes centrales en el manejo del presupuesto. Ramírez Cuéllar estima un gasto de 5.6 billones de pesos, con gastos ineludibles de poco más de 4 billones de pesos. El presupuesto de 2018 fue de 5.2 billones de pesos.

Entre los principales desafíos que la nueva administración enfrentará para definir y ejercer el presupuesto del siguiente año, dos corresponden a cambios normativos: cómo se va a controlar el proceso discrecional de reasignaciones en el ejercicio del gasto y qué cantidad de recursos se puede ahorrar con la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y el gasto federalizado (los recursos que el gobierno federal transfiere a estados y municipios). “Muchos legisladores estamos a favor de establecer mayores controles en el proceso de reasignaciones y en el uso de excedentes”, enfatizó el diputado.

El nuevo régimen fiscal para la frontera norte, que incluye una reducción del IVA y del ISR, y la modificación al Ramo 23, para disminuir en 13% los recursos destinados a este rubro, son otros desafíos.

El nuevo régimen en la frontera norte podría ponernos en riesgo de reducir el gasto federalizado significativamente, debido a la caída de la recaudación, sobre todo en el primer año. Sin embargo, nos aseguraremos de que la afectación en el gasto federalizado no detenga la inversión de estados y municipios, sobre todo en infraestructura.

En cuanto a la modificación al Ramo 23 [un instrumento de política presupuestaria para atender las obligaciones del gobierno federal, que no corresponden al gasto directo de las Secretarías o sus entidades, y que ha sido muy criticado por su discrecionalidad en la distribución de recursos], las entidades federativas podrían presionar al gobierno federal para obtener los recursos que necesitarían para el desarrollo de infraestructura y otros programas.

Otros factores que podrían presionar el presupuesto 2019 son la modificación al IEPS en gasolinas, los altos costos de la energía eléctrica y los combustibles, y la crisis que viven las universidades públicas. Cerca de 10 universidades públicas tienen un déficit descontrolado y el gobierno tendrá que evitar que el conflicto escale a niveles mayores.

La creación de las nuevas secretarías de Seguridad Pública y de Bienestar (esta última sustituye a Sedesol), así como la fusión de una parte importante de las oficialías mayores –con excepción de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina– y la creación de una nueva figura en las entidades federativas (los delegados de la Secretaría de Bienestar) también provocarán ajustes.

Nuevo esquema de negociación

Un desafío importante lo constituye la negociación presupuestal. “Antes, 90% de los legisladores se centraban en el Ramo 23, particularmente en los fondos para el desarrollo regional. Aunque los proyectos fueran pequeños, tenían un impacto presupuestal y político, de promoción legislativa. Esto generó dispersión de recursos y corrupción. Lo que estamos buscando ahora es establecer acuerdos entre legisladores, gobernadores, ayuntamientos y congresos locales para definir el presupuesto de las entidades federativas y los programas anuales y hacer más eficiente el gasto”.

Ramírez Cuéllar agregó que ya se han establecido criterios para controlar mejor los dineros, como reducir los costos de la federación y de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales locales, incluidos los ayuntamientos.

Esta es la primera base del nuevo esquema de negociación. La segunda es hacer más eficiente la recaudación de impuestos, sobre todo a nivel estados y municipios. También buscaremos la compactación de la política social. Existen cerca de 6,000 programas sociales con mucha dispersión de recursos. La federación, los estados y los municipios tienen programas sociales que muchas veces se duplican y, sin embargo, la pobreza ha ido en aumento. La reconfiguración de la política social será verdaderamente radical, aunque eso no significa que todos los programas sociales que actualmente existen serán eliminados.

Un gasto preocupante es la deuda externa; por eso, el presupuesto 2019 incluirá 720,000 millones de pesos para el pago de la deuda, y 900,000 millones de pesos para pensiones y jubilaciones. De acuerdo con el diputado, el nuevo gobierno garantizará el pago de todas estas obligaciones, así como los servicios de salud y de educación, y todos los compromisos asumidos por el Estado en materia de créditos contratados en el exterior o de manera interna, y los adeudos fiscales anteriores.

También se garantizarán los programas que anunció el nuevo gobierno: las becas para estudiantes universitarios, los programas de bienestar para personas con discapacidad, para gente con escasos recursos y para adultos mayores. Asimismo, está presupuestado el proyecto del Istmo de Tehuantepec, los programas de extracción y refinación de petróleo y gas, la modernización de refinerías, incluida la refinería de Dos Bocas, y la construcción del Tren Maya.

Para finalizar, Ramírez Cuéllar dijo que después de haber cumplido con los gastos ineludibles, el balance primario será positivo y se mantendrá la línea de conservar un superávit, con el propósito de efectuar un manejo responsable de la economía. Además, no se adquirirá más deuda pública, por lo que se confía que habrá recursos suficientes para sacar adelante los programas sociales, productivos y de inversión, incluidos los estados y municipios, y asegurar el funcionamiento del gobierno.

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